El presidente  Javier Milei  incluyó la  reforma migratoria  dentro de su paquete de cambios para el 2025. El proyecto prevé  cobrar aranceles a los extranjeros sin residencia permanente  en hospitales y universidades públicas. También busca  expulsar a quienes cometan delitos  y reforzar los controles fronterizos.

Desde el  Ministerio de Justicia  , a cargo de  Mariano Cúneo Libarona  , confirmaron que la reforma avanza a buen ritmo. El objetivo es modificar la actual  Ley de Migraciones 25.871  , vigente desde 2004 y modificada en 2010 durante el gobierno de  Cristina Kirchner  .

En su discurso de apertura de sesiones,  Milei  aseguró que Argentina ha sido  “generosa con los inmigrantes”  , pero remarcó que el país  “no puede ser un centro de beneficios pagados por los argentinos”  . Bajo este argumento, se busca que los  extranjeros en situación transitoria o temporal deban pagar los servicios públicos que utilizan  .

Algunas provincias ya tomaron medidas similares. En  Salta  , el cobro por atención médica a extranjeros  redujo los llamados “tours sanitarios”  y generó un  ahorro de $60 millones en un solo hospital  , según datos oficiales.  Mendoza, Jujuy y Santa Cruz  aplican estrategias similares, mientras que otras jurisdicciones, como  Córdoba, Neuquén y Corrientes  , analizan sumarse a la iniciativa.

Endurecimiento de las políticas migratorias y posibles cambios en el Congreso

Otro punto clave de la reforma es la posibilidad de que las  universidades públicas cobren matrícula a estudiantes extranjeros  sin residencia permanente. Además, el Gobierno planea  soportar los requisitos para la radicación definitiva  en Argentina.

En cuanto a la seguridad, la reforma apunta a la  expulsión inmediata de extranjeros que cometan delitos  , algo que ya sucede en otros países. También se reforzarán los  controles en las fronteras  con  Chile, Bolivia, Paraguay, Brasil y Uruguay  , con el objetivo de  impedir ingresos ilegales  y reducir delitos como el narcotráfico y el contrabando.

El debate pasará ahora por el Congreso , donde el oficialismo deberá negociar con la oposición para aprobar la ley. Sin embargo, fuentes del Gobierno no descartan que, en caso de no obtener los votos necesarios, se avance con un decreto de necesidad y urgencia (DNU) para implementar los cambios.