En la Dirección General de Catastro de la provincia de La Rioja, la ley se aplica según el humor del día. La normativa vigente se interpreta —o se ignora— a gusto del funcionario que ocupa el cargo de Director General. Porque, según él, el artículo 128 de la Ley Provincial N.º 3778 le otorga “facultades jurisdiccionales de primera instancia” y eso, en su particular universo, lo convierte en juez, fiscal, escribano, legislador y dictador técnico, todo al mismo tiempo.

Claro que el artículo dice otra cosa: que debe interpretar y aplicar la ley dentro del marco administrativo, respetando los procedimientos y garantizando derechos. Pero el Director prefiere no firmar nada. No emite disposiciones, no redacta informes técnicos, no justifica observaciones ni trabas. Simplemente, decide que un expediente “no va a salir”, y se lo comunica al profesional… de palabra.

El funcionamiento del organismo parece salido de una parodia burocrática: expedientes que no se aprueban sin acto administrativo alguno, planos que se “observan” sin fundamentos, y trámites que se derivan a otras reparticiones sin resolución, sin informe técnico, sin motivo valedero. Todo a voluntad del mandamás, que ni siquiera deja constancia formal de sus decisiones.

Y si el profesional consulta qué sucede, la respuesta es siempre la misma: “que venga a hablar conmigo”. Como si la Dirección de Catastro fuera un confesionario personal y el diálogo verbal sustituyera el cumplimiento de las normas. El procedimiento legal y técnico queda reducido a una audiencia privada en la que el Director, sin respaldo escrito, pretende imponer cambios sobre títulos, procedimientos y criterios que están claramente normados por ley.

Pero lo más grave no es solo lo que hace, sino cómo lo hace: impidiendo que el profesional continúe el trámite por los canales legales, al negarse a dictar la disposición correspondiente. En vez de emitir un acto administrativo que pueda ser recurrido o defendido, deriva el expediente a otro organismo con el único objetivo de frenar su aprobación, y lo hace sin fundamento ni expediente, en una clara maniobra de bloqueo institucional.

Este estilo de gestión no solo vulnera el principio de legalidad, sino que representa un claro abuso de poder, ejercido desde la ignorancia y la arbitrariedad. Porque una cosa es tener “facultades jurisdiccionales en lo administrativo” y otra muy distinta es creerse una autoridad superior a la ley.

El Director no es juez. No es tribunal. No es legislador. Y cada vez que se niega a firmar, a emitir una disposición o a justificar una decisión técnica, pone en evidencia su profunda incapacidad para el cargo. Pero lo más preocupante no es lo que no sabe, sino lo que cree que puede hacer sin saber.

La Dirección General de Catastro ha dejado de ser un organismo técnico para convertirse en el patio de juegos de un funcionario que no entiende la ley, no respeta los procedimientos y no firma los actos que debería firmar. Y lo peor: todo el sistema catastral provincial está siendo arrastrado a la ineficiencia, la inseguridad jurídica y el desgaste profesional, por la voluntad caprichosa de una sola persona.

Quizás es momento de recordarle que el poder no está para ejercerlo a gusto personal, sino para cumplir con la ley. Y que el silencio administrativo, la negativa a firmar, y el manejo informal de expedientes no solo son síntomas de autoritarismo… también lo son de ignorancia.