No es cierto, señor gobernador, que nuestros editoriales sobre la grave situación de Catastro -que afecta directamente a agrimensores, comitentes, escribanos, abogados, vecinos, interesados y al público en general- respondan a una maniobra política, como algunos le han insinuado. Usted sabe mejor que nadie cuál es el valor de la tierra, tanto en cifras como en aquello que no se mide en dinero… ¿o necesita que también se lo recordemos?

Si esta fuera una cuestión política, nuestras publicaciones tendrían otro tenor y probablemente se centrarían en otros asuntos de urgente consideración. Nuestra línea editorial siempre se ha caracterizado por exponer con objetividad el trabajo del jefe del Ejecutivo provincial, incluso antes de su llegada a la Casa de Gobierno. Ello, a pesar de que este medio ha sido excluido de toda pauta publicitaria desde hace más de cuatro años.

Para que no haya dudas: repudiamos toda política antinacional y entreguista. Opinamos que el actual gobierno nacional responde a intereses ajenos al país y que su presidente actúa como instrumento de esos intereses. Por eso, quienes le “susurran” que nuestras notas son parte de un juego político mienten deliberadamente. Si lo hacen por conveniencia, sólo usted sabe si conviene creerles o no. Pero que contamos con abundante documentación, no quepa la menor duda.

Tampoco se trata de una disputa política a nivel provincial; basta con revisar nuestros archivos para comprobarlo. Lo que sí es cierto es que la Dirección Provincial de Catastro y la Secretaría de Tierras tienen un peso decisivo en las políticas territoriales de La Rioja, y sin embargo carecen de la audacia -por citar un ejemplo- de la gestión cordobesa, que ha logrado sanear gran parte de su territorio.

En nuestra provincia, las familias favorecidas con dominio son una ínfima minoría frente a las miles que aún esperan su escritura. Peor aún: se han profundizado disputas entre vecinos, se han tolerado miles de usurpaciones -muchas azuzadas desde el propio aparato- y se ha dejado que la resolución recaiga en la fuerza policial y el Poder Judicial. Como sabemos, cuanto más se judicializa, más se aleja la justicia.

El verdadero motivo del apoyo que recibe el actual titular de Catastro sólo se conoce entre cuatro paredes. Lo que sí es público y notorio es su accionar: irracional, prebendario y marcado por un nepotismo que padecen cientos de miles de riojanos. Las disposiciones 027074/23, 027029/23, 026993/23, 027032/23, 026901/23, 026871/23, 026332/23, 026280/23, 026273/23, 026986/23, 026927/23, 026967/23, 026925/23, 026921/23, 026918/23 ó 026280/23, entre muchas otras, muestran cómo el director firma en favor de su propio hijo, Carlos Sebastián Herrera, a los pocos días de presentadas, mientras otras solicitudes llevan más de un año sin resolución.

En su desconocimiento de cómo debe funcionar el organismo, el director se atribuye funciones de juez: decide qué mensuras se aprueban y cuáles “duermen” indefinidamente. Este manejo discrecional genera temor entre los comitentes, que optan por no presentar sus trabajos ante la sospecha de que jamás prosperarán si no hay cercanía con el funcionario.

Cada una de esas disposiciones encierra una historia que no cabe en estas líneas. Pero baste un caso: un comitente del interior, persona conocida, llevaba meses esperando la aprobación de su mensura. Una visita al despacho de Herrera en compañía de su abogado, y una seria advertencia cuya naturaleza no detallaremos, bastaron para que la aprobación saliera de inmediato.

Ese clima es el que la sociedad riojana no desea: una violencia institucional que se derrama entre quienes necesitan resolver sus trámites, obligándolos a acudir a la vía judicial, con todos los costos y demoras que ello implica.

Aún más llamativo: un joven, esposo de una empleada doméstica del propio gobernador, logró mensurar a su nombre 370 hectáreas alrededor de la ciudad, sin posesión legítima, sin animus domini y sin recursos para sostener esa extensión. A su llamado, ningún organismo estatal se presentó. En cambio, cuando el legítimo tenedor de esas tierras solicitó mensura por muchas menos hectáreas, allí sí se presentaron la Secretaría de Tierras, Catastro y Fiscalía para oponerse.

¿Llamativo? Sí. ¿Político? No.
Señor gobernador: es simplemente la verdad, sin tamiz.