Esta semana, una mujer que intentaba terminar la relación con su marido recibió un balazo en la cabeza y salvó su vida de milagro, mientras su agresor intentó el suicidio disparándose dos tiros en la nuca.

El año pasado, una mujer murió apuñalada y su marido se suicidó ahorcándose luego de matarla. Los casos tienen relación: en ambos, las víctimas habían hecho varias denuncias por agresión contra sus parejas. Pero ningún organismo les brindó la seguridad mínima necesaria.

En La Rioja, como ocurre a nivel nacional, se multiplican los casos de mujeres víctimas de la violencia de género. En poco más de un trimestre, la Unidad contra ese delito que creó la Procuración General recibió unas 400 denuncias.

Ahora, luego de registrarse otros casos graves en otras partes del país, dos diputadas y la Asociación de Abogados porteños pidieron que se declare la “emergencia nacional” por la violencia de género.

“Hay que darle impulso al proyecto de ley para declarar la Emergencia Pública en Materia Social por Violencia de Género, que ya presentamos en el Congreso", sostuvo la legisladora del Frente Amplio Progresista (FAP), Virginia Linares.

"Pretendemos que se implemente cabalmente la ley 26.485 de protección integral para prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra las mujeres, que fue sancionada en 2009. Esta ley contiene un elenco de políticas públicas integrales que deben ser diseñadas y puestas en marcha por el Consejo Nacional de las Mujeres, y de las cuales no hemos visto ninguna aplicación concreta”, agregó.

Victoria Donda, también de FAP, agregó: “El problema se ataca con políticas integrales, con urgencia, decisión política firme. Vemos femicidios y mujeres brutalmente violentadas a diario”.

El Poder Judicial está desbordado por la avalancha de casos. El personal que atiende estas situaciones no está bien preparado y no hay presupuesto. Tampoco hay garantías para la mujer que denuncia. El hombre con exclusión de hogar vuelve en forma impune porque no tiene sanción.

Se avanzó con la apertura de centros de denuncia (como la Unidad Fiscal en La Rioja), pero faltan respuestas para el después.

Un informe de ONGs sobre la situación de la mujer en Argentina, dice: “Quedan obstáculos importantes para que las mujeres tengan acceso pleno a la justicia. Faltan mecanismos específicos de reparación a las víctimas de violencia de género, no existen normas punitivas específicas sobre femicidio. El acceso a la justicia de las mujeres que lo necesitan es difícil de lograr”.