El conflicto minero por la explotación del Famatina parece no tener fin, entre las miles de voces que surgieron en oposición a las políticas mantenidas por el gobierno de la provincia, sólo unas pocas, pero concretas, salen públicamente a defender la actividad minera. Una de ellas, la de Héctor Duran Sabas, quien en medio del conflicto “pareciera” ser la única voz oficial, aunque por detrás varios funcionarios kirchneristas apoyan sus fundamentos.
La figura de Duran Sabas apareció con fuerza cuando el gobernador Beder Herrera, ordenó la creación del EMSE (Energía y Minerales Sociedad del Estado) con el objetivo de obtener mayores beneficios en la negociación con las empresas mineras. Al tiempo de su creación, con el mencionado dirigente ya a la cabeza, el organismo se asoció con Osisko Mining Corporation para operar en Famatina. Ante esto no caben dudas, de que se trata de una persona más que autorizada para llevar la voz oficial del conflicto.
Las primeras palabras públicas surgieron ante el cuestionamiento de medios nacionales, que afirmaban que Luis Beder Herrera tenía un pasado antiminero al llegar al gobierno. Duran Sabas no dudó en salir con los tapones de punta a defender al gobernador, “No hubo contradicciones. Si sacan las cosas de contexto se prestan a malas interpretaciones. En su momento nos opusimos a la minería porque los recursos mineros no estaban en manos de la Provincia. Pero este gobernador los recuperó", sostuvo.
Mientras que por el lado de las asambleas ciudadanas por la vida de Chilecito y Famatina publicaron las expresiones de Luis Beder Herrera en un acto preelectoral, cuando aún era gobernador Angel Maza: “voy a sacar una ley prohibiendo la explotación a cielo abierto. Vienen a Chilecito con 10 millones de dólares y reparten entre los dirigentes 50 mil para uno, 20 mil para otro. ¿Cómo paramos a la Barrick?”.
Mientras el conflicto avanzaba las declaraciones se hicieron más reiteradas, en diversos medios, tanto nacionales como locales, se pudo escuchar y leer al titular del EMSE explicando la postura ante el conflicto, e incluso cuestionando con antipatía e ironía las diferentes versiones de los grupos ambientalistas.
Conflicto por la aparición de “Listas negras”
El presidente de Energía y Minerales Sociedad del Estado, Héctor Durán Sabas expresó al respecto que “me parece intrascendente, eso es buscar argumentos huecos, vacíos de contenido para ir a decir una cosa, porque, en caso de que sea cierto, hacer una lista para ir a conversar, como yo leí, qué tiene de malo. No entiendo que tiene de malo conversar con la gente”, afirmó.
Sin embargo, desde la empresa Osisko Mining Corporation informaron que la lista era de su autoría.
El hecho ocurrió así: Un gerente de la empresa, Gustavo Zullieger, se había olvidado una carpeta en una hostería de la que se tuvo que ir en forma precipitada debido a que estaba siendo repudiado por los vecinos.
El gerente, reconoció que era suya la carpeta olvidada en la hostería chileciteña, pero que no era una “lista negra”, sino que era un trabajo que habían realizado “para conocer a los actores sociales y sus opiniones con el fin de dialogar”.
La asambleísta, Marcela Crabbe, había precisado los datos que aparecían en el listado de nombres que figuraban en la carpeta encontrada en forma casual por los vecinos: “Figuran el apellido, el nombre, la profesión, el nivel de participación, es decir si eran ‘cabecillas’, ‘protagonistas’ o si eran personas ‘muy agresivas’”, a la vez que se deja sentado “qué suma de dinero sería suficiente” para darles un “resarcimiento económico” como forma de hacerlos cambiar de posición. Además, la carpeta contenía “contratos con cifras en dólares, relevamientos con la ubicación de pozos de agua, encuestas sobre la actividad (minera) y folletos varios.
Finalmente, las asambleas en un comunicado de prensa opinaban que “a 35 años del comienzo de la dictadura militar hoy vemos con profunda tristeza y dolor que una de las peores prácticas de la época represiva esté de vuelta”. Agregaba que “esta ‘lista negra’ ya no es confeccionada por militares genocidas, sino por mercaderes inescrupulosos al servicio de la empresa canadiense Osisko Mining Corporation, que en la Provincia de La Rioja actúa con la absoluta complicidad y el beneplácito del gobernador, Luis Beder Herrera”. Denunciaron la existencia de “un aparato de inteligencia” que “sigue los pasos” de los vecinos autoconvocados.
Además, es importante mencionar que ante las denuncias realizadas ante la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, juez Federal de La Rioja, Daniel Herrera Piedrabuena, definió que “la Justicia Federal de La Rioja se declaró incompetente” y le pasó la causa a la justicia provincial. Esta postura fue criticada con dureza por la diputada nacional de la UCR, Inés Brizuela y Doria, quien consideró que con ello el magistrado incurre en “clara omisión de sus responsabilidades y nos coloca a todos los riojanos en un estado pleno de indefensión”.
El día “D” y el inicio de una nueva etapa del conflicto
“Acá no hay día D, ni A, ni E. Esos son efectos psicológicos que quieren dar sobre algunas personas. Acá no hay ninguna batalla. Esto es una política de Gobierno, una decisión del Estado de dar cumplimiento a los contratos y avanzar en la prospección y la explotación en caso de darse. Así que esto de que las máquinas tienen que subir hoy, sí o sí. Porque si no se cae el contrato es pura mentira”, había considerado Durán Sabas respecto a las versiones sobre que el pasado 16 de enero era la fecha límite para que el gobierno provincial demuestre que estaba dado el consenso social, para la implementación del proyecto minero en Famatina.
“Aquí no hay nada fuera de la ley. Así que el contrato se va a cumplir sí o sí en todas sus partes. En esta etapa de prospección sólo queremos saber qué hay en el subsuelo. Por ahí, hay minerales, pero no en la cantidad suficiente y no se explota. Incluso, tampoco nadie puede saber el medio de explotación a realizar. Porque por ahí la exploración dice que el mineral está a600 metros. Entonces, eso no se hace a cielo abierto, sino con túneles. Recuerde que montar una mina ronda una inversión de los mil millones de dólares. Y que La Rioja ya es dueña del 30 por ciento de Osisko, gracias a un convenio único a nivel mundial, donde vamos a tener de ganancias el 3% de las regalías mineras que establece la ley nacional y el 30% de acciones que son propiedad de la Provincia”, enfatizó el funcionario.
A pesar de ello, los diputados radicales, Julio Martínez e Inés Brizuela y Doria presentaron en el Congreso de la Nación un proyecto para prohibir la minería a cielo abierto en La Rioja.: uno de los proyectos se refiere a la actividad -en todas sus etapas y bajo cualquiera de sus formas- de minerales nucleares, uranio y torio. El otro es para la actividad metalífera en la modalidad denominada a cielo abierto o tajo abierto, en todas sus etapas (cateo, prospección, exploración, explotación, desarrollo, preparación, extracción y almacenamiento de sustancias minerales). Otros puntos destacados son:
- Prohibir el uso de cianuro, cianuro de sodio, mercurio, ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, ácido fluorhídrico, ácido nítrico, ioduro de sodio, bromuro de sodio, xantatos, alquil xantatos, alquil ditiofosfatos, xantoformiatos, detergentes, espumantes químicos, y toda otra sustancia química contaminante, tóxica y/o peligrosa.
- Establece que los titulares de concesiones y/o derechos mineros que involucren minerales metalíferos o aquellas personas que los ejerciten, deberán adecuar sus procesos a las previsiones enunciadas en la presente ley en el término de seis (6) meses a partir de su publicación, bajo apercibimiento de cierre o caducidad de la concesión minera.
- Dispone que ante el cierre de una explotación minera, los titulares de la concesión y/o los derechos mineros o aquellas personas que los ejerciten estarán obligados a controlar trimestralmente y por un período de cinco (5) años los impactos perjudiciales para el ambiente, las poblaciones y sus habitantes, siendo directamente responsables de su saneamiento y reparación.
- El proyecto también contempla las sanciones que se aplicarán a quien violase la norma, tanto económicas como administrativas. Para el primer caso, el articulo 7 dispone el pago de una multa diaria equivalente a diez mil (10.000) sueldos mínimos de la Administración Pública Nacional.
- En otro articulo establece que “los propietarios, concesionarios, sus representantes y directivos responsables de las explotaciones mineras serán solidariamente responsables con las empresas mineras, y responderán con su patrimonio por los daños ocasionados y los costos de la remediación e indemnizaciones correspondientes, sin perjuicio de las acciones penales que pudieran corresponder”.
En medio de todo esto, resulta que a veces solo… a veces acompañado, el punto es que Duran Sabas dio pelea firme sobre las posturas mantenidas desde el gobierno de la Provincia. Jamás se escuchó al funcionario vacilar ante las consultas periodísticas, ni mucho menos dudar de su convicción hacia las políticas mineras, que en la Provincia abarca mucho más allá de la explotación del Famatina.
En una nueva etapa y con el conflicto en agenda de todos los medios nacionales, fue el gobernador mismo quien dio su postura públicamente. Un día para nada normal, Beder Herrera se animaba a alzar su voz a favor del desarrollo minero, de la actividad, que sostienen, va a dar futuro económico a la Provincia.
En el discurso de apertura de sesiones, mientras una marcha antimera rodeaba Casa de Gobierno, el mandatario ordenaba a su pueblo que “sean ambientalistas”, que no se dejen robar la bandera de cuidar el medio ambiente porque el agua, el aire, la tierra, es patrimonio de todos.
Beder Herrera no sólo le habló al pueblo que lo apoyó en su lucha, sino que se animó a expresar su deseo de hacer políticas apoyadas por todo el pueblo, “Tenemos que hacer La Rioja minera, pero lo tenemos que hacer con consenso, con el permiso de sus habitantes. Eso lo vamos a lograr si aprovechamos este momento, que es muy bueno, porque nos permite discutir. Es bueno que todo el mundo sepa que es esta actividad, para poder defenderla”.
A contra mano, en la marcha en contra de la política del gobierno provincial de desarrollo a través de la minería a cielo abierto, las asambleas ciudadanas pusieron sus condiciones para dialogar con el gobierno sobre el tema.
“No habrá dialogo con el Poder Ejecutivo hasta que no se elimine el convenio firmado con la empresa Osisko”, manifestaron y además, dejaron en claro que se deben modificar las leyes y el Código Minero de Argentina.
Detrás del gobernador Beder Herrera y del dirigente Héctor Duran Sabas, se pueden escuchar las voces de otros funcionarios que defienden las políticas mineras, aunque ellos lo hacen desde otro lugar, el de controlar a las empresas relacionadas a la actividad, el uso de los recursos y la información a los ciudadanos, para lograr una política con consenso, tal como lo pedía el gobernador.
Es así, que desde varios sectores, como la Secretaría de Minería de la Provincia a cargo de Oscar Lehz y la Secretaría de Ambiente, a cargo de Nito Brizuela, emprendieron la tarea de brindar charlar informativas en las diferentes localidades. Además participa el Instituto Regional de Planificación, Control y Servicios Ambientales, y técnicos enviados desde Nación.
El objetivo de las mismas es acercar información certera a los vecinos de toda la provincia respecto a la actividad minera, concientizar con el conocimiento y dar los motivos por los que se cree y se está convencido que se debe hacer una exploración minera en nuestra provincia. Desde el sector oficialista sostienen que está faltando información, que se está manipulando la veracidad de lo que es una exploración minera. “Hay una falta total de información y desgraciadamente tenemos una parte opositora que está jugando con algunas palabras que para la gente es muy importante, como vida y muerte”, afirman los grupos de capacitación.
En ese sentido, dar a conocer a la gente qué es la exploración minera, cuál es la cantidad de agua que se utiliza, qué beneficios trae a la provincia y si hay o no contaminación, es la política más importante en relación al conflicto mantenido entre mineros y antimineros.
Por otro lado, el intendente de Famatina, Ismael Bordagaray, manifestó con firmeza su postura en contra de la explotación minera a cielo abierto, en diálogo con el programa (Palabras Más, Palabras Menos) del canal de noticias TN, al decir que “no pretendo demonizar la actividad, pero advierto firme que prefiero desarrollar la agricultura en mi departamento y no explotaciones mineras”. A su vez, sigue denunciando que la Provincia no le transfiere recursos por no avalar su política pro minera.
Actualidad minera
En cuanto a la actualidad minera, el periodista, integrante de la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC), de la Red Nacional de Acción Ecologista (RENACE), del Movimiento Antinuclear del Chubut (MACH), y de Sistemas Ecológicos Patagónicos (SEPA), Javier Rodríguez Pardo, historió que la existencia de recursos minerales con un cierto grado de concentración natural en el planeta sufrió una disminución cuantitativa y cualitativa de inmensa magnitud. En el año 1.900, Estados Unidos extraía minerales de cobre con una ley promedio del 5%, que en la actualidad es inferior al 0,4%; diferencia abismal que indica la escasez del “recurso”. Este ejemplo se repite en casi todas las geografías y tipos de minerales.
Los minerales remanentes se encuentran en estado de diseminación en la naturaleza y en partículas ínfimas dispersas en las rocas montañosas, razón por la cual es imposible extraerlos por los métodos y tecnologías de la minería tradicional.
En su reemplazo, la industria minera ideó un método extractivo acorde a las nuevas condiciones: detecta por satélite aquellos sitios o yacimientos donde existe mayor concentración relativa de minerales, generalmente polimetálicos y diseminados en extensiones kilométricas. Para apropiarse de los minerales y concentrarlos, la minera debe primero producir la voladura de extraordinarias cantidades de suelo, montañas enteras que son convertidas primero en rocas y luego trituradas hasta alcanzar medidas ínfimas, para posteriormente aplicársele una sopa de sustancias químicas licuadas con gigantescas cantidades de agua, que logran separar y capturar los metales del resto de la roca. Las sustancias químicas empleadas son cianuro, mercurio, ácido sulfúrico y otras sustancias tóxicas, acumulativas y persistentes, de alto impacto en la salud de las personas y el medio ambiente.
La remoción de montañas enteras genera a su vez la movilización de otras tantas sustancias que entran en contacto con el aire, provocando nubes de polvo que viajan a distancias kilométricas. De esta manera, la combinación de las industrias minera y química posibilitan que la extracción de minerales de baja ley signifique un buen negocio. En el camino aparecen todos los metales pesados propios de la actividad que se realiza, tales como plomo, mercurio, zinc, cadmio, cobre, uranio, entre muchos otros; además de metaloides, como el arsénico, que se movilizan por la acción de soluciones de cianuro y de ácidos como el sulfúrico y el nítrico.
Las empresas transnacionales que se dedican a la extracción -beneficiadas con leyes que las excluyen del rigor impositivo vigente- también exigen a los gobiernos la provisión de energía subsidiada, porque cuanto más baja es la ley de los minerales, mayor es el consumo y el costo de la energía. Si las empresas pagaran por todos los insumos realmente empleados, costaría más la extracción de los minerales que su valor en el mercado.
Por lo tanto, para finalizar este informe, podemos rescatar que más allá de las distintas expresiones sobre el tema, el debate se debe instalar a nivel nacional, en donde participen además de legisladores, especialistas del derecho, geólogos, ingenieros, las universidades del país, las organizaciones sociales y de derechos humanos. Además, el concepto de desarrollo sostenible, requiere pensar en el futuro, para lo cual es imprescindible estudiar las necesidades y demandas del presente, las capacidades existentes y planificar una estrategia para satisfacerlas sin perjudicar el ecosistema. En esta línea de pensamiento, la práctica de la minería a escala de un país que utiliza los bienes comunes para su desarrollo recorre otro camino. Del análisis surgirán algunas preguntas: ¿qué minerales metalíferos se necesitan? ¿En qué cantidad? ¿De dónde y cómo se extraen? Cuestionario inevitable que apunta a cualquier desarrollo sostenible y que al mismo tiempo se acerca a la respuesta para alcanzar una minería posible.