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Jueves 18 de Octubre del 2018

04-08-2018

Sin cuadernos, pero con todos presos

Por: Irina Hauser

El chofer Centeno quedó en libertad como testigo protegido. Un empresario testificaría como arrepentido

La Justicia ratificó la prisión de los 16 detenidos acusados por asociación ilícita por el pago de supuestas coimas detalladas en cuadernos por el ex chofer de Planificación. El empresario De Goycochea, de Isolux Corsán, podría negociar pena por información.

La agitada jornada de ayer en la causa de (las fotocopias de) los cuadernos Gloria con historias de sobornos en la obra pública, terminó en un fuerte rumor de algo que ya se veía venir: un posible nuevo arrepentido. Primero fue Oscar Centeno, el chofer del ministerio de Planificación, que se reconoció como autor de los cuadernos, cuyos originales no están, y hasta se habrían quemado. Ahora sería uno de los empresarios detenidos, Juan Carlos De Goycochea, de Isolux Corsán, quien ofreció aportar datos a la causa a cambio de mejorar su situación procesal y aspirar a una pena atenuada.  Centeno volvió a declarar y quedó finalmente en libertad al caer la noche. Ahora estará dentro de un programa de testigos e imputados protegidos. Al resto de los detenidos, tanto ex funcionarios como empresarios, el juez Claudio Bonadio les rechazó la excarcelación.  El hecho de que mantenga presos a los empresarios es un potente elemento de presión, ya que la ley contempla la posibilidad de que se conviertan en arrepentidos y acusen a otras personas, lo que parece uno de los principales efectos buscados en esta causa, en pos de lograr una especie  de “Lava Jato” argentino. A Goycochea en las fotocopias se le atribuye el pago de más de 11 millones de dólares a distintos ex funcionarios de Planificación.  Las defensas ya comenzaron a hacer planteos de nulidad y recusación del juez.

De Goycochea fue noticia cuando se entregó ayer a la mañana después de haber estado esquiando. También se presentó,  Fabián García Ramón, ex director de Promoción de Energías Renovables. Ya son 16 los detenidos. Con el correr de las horas se conoció la postura del juez en relación a los pedidos de excarcelación: fueron todos rechazados, excepto el del arrepentido Centeno. A los ex funcionarios les aplicó la teoría de los vínculos residuales que acuñó la Cámara Federal, para referirse a quienes ocuparon lugares de poder –aunque ya no estén allí– son sospechosos  de conservar alguna vinculación que facilite el entorpecimiento de la investigación o la fuga. Señaló que podrían frustrar medidas pendientes en marcha y que aún no todos los imputados están detenidos. En algunos casos señalan que dieron indicios de entorpecimiento y que tiene medios en el exterior. Para los empresarios se usó un razonamiento similar, haciendo eje en su disposición de medios económicos. Lo que muchos de los defensores señalan es que por ahora no han visto más “prueba” que las fotocopias de los cuadernos, listas de chapas de automóviles, direcciones donde se supone Centeno llevó y trajo funcionarios desde 2008 hasta 2015, y algunos registros de ingresos y egresos a la Casa Rosada y la Quinta de Olivos que podrían coincidir con las anotaciones. 

Por ahora no hay nada sobre dónde estuvo o fue a parar el dinero. La aparición de la Unidad de Información Financiera (UIF), un organismo del Ministerio de Economía con el que el Poder Ejecutivo intenta hacer pie en el expediente, con datos de aparentes propiedades y cuentas en el exterior que tuvo Daniel Muñoz, el fallecido secretario de Néstor Kirchner, mencionado en la causa. Para hacer cartón lleno ofreció sus servicios la Oficina Anticorrupción.

Arrepentido se busca
Las detenciones en masa y los rechazos de las excarcelaciones hablan de dos cuestiones: el fiscal Carlos Stornelli y el juez Bonadio están tratando de producir prueba ahora, con las personas presas, a pesar de que tienen las fotocopias de los cuadernos desde abril; por otro lado, mantener a los empresarios encerrados en un calabozo es parte de la estrategia para intentar que alguno se quiebre y hable. El fiscal Stornelli, relataron allegados a la causa, hizo denodados esfuerzos para lograr algún arrepentimiento en el primer contacto con ellos. “Esto es así: presos hasta que el chancho cante”, decían cerca de uno de los detenidos. Y, en efecto, ayer a la noche parecía empezar a quedar allanado el camino para que uno de ellos hable. La defensa de De Goycochea le habría propuesto a la fiscalía que declare como arrepentido. Isolux, la empresa de origen español (de construcción, energía y servicios industriales) de la que fue CEO, había obtenido la adjudicación del las obras de la usina Termoeléctrica de Río Turbio, en la que el gobierno actual le revocó el contrato. Sin embargo, Isolux tiene una vinculación empresaria histórica con los negocios de la familia Macri. Tuvo una unión transitoria  con Iecsa –la empresa que fue del primo del Presidente, Angelo Calcaterra, y otro de cuyos gerentes está preso por los cuadernos, Javier Sánchez Caballero–; también tuvo una sociedad con ODS, mitad de Calcaterra y un grupo de firmas de la familia. Pero en la actualidad Isolux es investigada porque cuando entró en crisis habría negociado en forma secreta la transferencia de sus parques eólicos al grupo Macri, a través de un armado societario que habría comenzado a fin de diciembre de 2015 con la llegada de Macri a la presidencia.

En las copias de los cuadernos, De Goycochea aparece vinculado a numerosos traslados de dinero a partir de 2008. Se describen entregas a Roberto Baratta, el ex número dos de Julio De Vido, a García Ramón, el secretario Nelson Lazarte, Martín Larraburu de jefatura de gabinete, y se menciona un contacto también con Rafael Llorens, ex secretario legal de Planificación. Se enumeran pagos de 6 millones de dólares, 1,5 millones, 1,2 millones, 1,3 millones, 300 mil dólares, hasta superar los 11 millones.  Ayer a la noche todos los empresarios permanecían detenidos en la alcaidía de Drogas peligrosas de la Policía Federal. Pero los ex funcionarios ya fueron trasladados al penal de Ezeiza.

Centeno libre
El chofer de Baratta, el primer detenido en toda esta historia por los ocho cuadernos que llegaron a manos del periodista de La Nación Diego Cabot y el testimonio de su ex pareja, Hilda Horovitz, declaró ayer por segunda vez porque Bonadio quería pedirle algunas precisiones. Después de esa audiencia, el juez homologó el acuerdo para que sea arrepentido y entre a un programa de protección del Ministerio de Justicia, que incluye darle una nueva vivienda, nueva identidad y medios para él y su familia, lo que implica cierta complejidad teniendo en cuenta que tiene 13 hijos. En su primera declaración, dio a entender que había comenzado a escribir los cuadernos como un registro de su actividad laboral y que un buen día se dio cuenta del tenor de lo que veía y empezó a hacer un relato con lujo de detalles. Esta versión es distinta a la que dio su ex pareja, Horovitz, quien claramente se había presentado en la causa donde se investigan supuestos sobreprecios en la compra de gas licuado para traerle un problema. En una entrevista que publicó la revista Noticias, la mujer cuenta que la idea de Centeno con todo lo que anotaba –según su versión– era:  “Cuando iba a  terminar la gestión, tenía la ida de decir ‘si Baratta no me lleva con él’ o ‘si Baratta no me pone de chofer en otro lado’ o cualquier cosa, entonces él iba a utilizar los cuadernos para mostrarlos, pero los terminé usando yo”. En su primera declaración judicial, ella no habló de los cuadernos, sino que aludió al supuesto aumento patrimonial de Centeno y de Baratta y a una supuesta bóveda en la casa de éste último, que resultó inexistente.  Centeno había iniciado una causa por extorsión contra Horovitz, que lo amenazaba con hacer revelaciones si él no accedía a sus pedidos.

Después de la declaración inicial, Stornelli se fue con Centeno a un allanamiento en dos de sus propiedades, en busca de los originales de los cuadernos. Pero no estaban en ningún lado. Si no están disponibles, será imposible constatar la antigüedad de la tinta y del papel, y con ello saber cuándo fue realmente escrito. El fiscal dejó trascender ayer que para él es igual una prueba válida y que interpreta que buena parte del contenido está cotejado. Los abogados no piensan lo mismo. Cuando le volvieron a preguntar al remisero por los cuadernos, dijo que no se acuerda donde están o si los quemó con otras tantas pertenencias. En la causa está el testimonio de Jorge José Bacigalupo, otro chofer que trabajó para el ministerio de Planificación y que fue su amigo, que relata que Horovtiz empezó en cierto momento a amenazar a Centeno y a Baratta y “logró que le dieran la casa donde vive y dinero mensualmente”. Un día, Centeno le comentó que había ido la policía a constatar su domicilio y que quería darle algo, en custodio. Era una caja, que no abrió. La tuvo “como un año y medio” hasta que un día se cruzó con el periodista Cabot “por razón de vecindad”, la abrieron juntos, y se llevaron la sorpresa de los cuadernos Gloria. Pero después cuenta que Centeno se la reclamó, se la tuvo que pedir a Cabot. Se la devolvió abierta a Centeno, que se enojó mucho.

Centeno cambiará su vida ahora, pero recuperó la libertad, aunque estará vigilado. Ahora se abre un nuevo capítulo con los empresarios, que podrían abrir una caja de Pandora.

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